1. El marco legal básico

• España: la Ley 38/2003 General de Subvenciones (LGS) regula todo el ciclo de la ayuda y, en sus arts. 56‑67, tipifica infracciones (leves, graves y muy graves) y sanciones administrativas.
• Unión Europea: el Reglamento (UE) 2021/241 (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) y el Reglamento Financiero 2018/1046 obligan a los beneficiarios a proteger los intereses financieros de la UE; el art. 22 del primero permite exigir devoluciones proporcionales si hay fraude o desviación de fondos.

2. Consecuencias administrativas y financieras

Gravedad	Conducta típica	Sanciones posible*
Leve	Incumplir plazos de justificación menores	Apercibimiento o multa hasta 2 % de la ayuda
Grave	Desviar parte del dinero o falsear documentos sin superar 100 000 €	Devolución íntegra + intereses + multa 2–6 % + exclusión de ayudas hasta 5 años
Muy grave	Desviar >100 000 €, ocultar datos esenciales o reincidir	Devolución íntegra + intereses + multa 6–25 % + exclusión de ayudas 5–10 años

*Según arts. 60‑63 LGS y la reciente Ley 20/2023 reguladora del régimen sancionador del sector público.
Además, la Comisión Europea puede aplicar correcciones financieras (recuperar o reducir el importe) y activar el sistema EDES de alerta y exclusión a escala UE, lo que deja fuera de futuros programas durante años.
3. Responsabilidad penal

Tipo penal	Umbral económico	Penas previstas	Art. CP
Fraude de subvenciones (obtener o destinar >100 000 € a fines distintos)	>100 000 €	1–5 años prisión + multa hasta 6× lo defraudado + veto a ayudas 3–6 años	308
Malversación (autoridades o funcionarios que se apropien o permitan apropiación)	>50 000 € → penas agravadas	2–8 años prisión + inhabilitación larga; <4 000 € se rebaja	432

Las asociaciones privadas no suelen cometer malversación (delito propio de autoridad/funcionario), pero sí pueden incurrir en fraude de subvenciones (art. 308 CP) o en estafa cuando hay engaño a terceros.
4. Ejemplos recientes

• Caso eurodiputados en Francia (2025): nueve personas condenadas por desviar dietas del Parlamento Europeo; la sentencia se basó en dos investigaciones de OLAF y conllevó reembolso, multas y pena de prisión para los principales implicados.  
• España: condenas “caso ERE” (TS 2022‑24): ex‑altos cargos andaluces recibieron penas de 3‑7 años por malversar ayudas sociolaborales.

Estos fallos recuerdan que no basta con devolver; la vía penal no se archiva por reintegro, salvo atenuantes.
5. Reintegro e intereses
El art. 37 LGS obliga a reintegrar la subvención completa más interés de demora desde el pago inicial. La Administración inicia un procedimiento (máx. 12 meses) y, si hay cofinanciación UE, comunica la irregularidad a la Comisión para que esta practique la corrección financiera correspondiente.
6. Impacto a futuro

1. Pérdida de reputación: aparecer en EDES o en informes del Tribunal de Cuentas disuade a nuevos socios y donantes.
2. Bloqueo de financiación: no solo del programa afectado; muchas convocatorias exigen declaración de no‑sanción en los cinco años previos.
3. Reclamaciones civiles: patronos y directivos pueden responder con su patrimonio si actuaron con dolo o negligencia grave.

7. Buenas prácticas para dormir tranquilo/a

• Trazabilidad: separa contablemente cada ayuda y conserva facturas 5‑10 años según norma.
• Comité de control: revisa gastos contra la memoria aprobada antes de pagarlos.
• Cláusula “plan B”: si un gasto deja de ser elegible, ten previsto cómo cubrirlo con fondos propios.
• Formación: actualiza al equipo sobre cambios normativos (p. ej. reformas penales de 2022‑2023).

8. Conclusión
La lógica es simple: quien recibe dinero público lo gestiona bajo lupa. Saltarse el destino aprobado no es un “despiste contable”: implica devolver el dinero, pagar intereses y multas, quedarse años sin ayudas —y, si la desviación es relevante, acabar ante un juez penal.






A grandes rasgos, hay tres ventanillas oficiales en las que puedes denunciar el desvío de subvenciones europeas — una en la propia UE y dos en España (administrativa y penal).

Canal	¿Cuándo usarlo?	Formulario / contacto
OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude)	Cuando se sospeche de fraude o irregularidades graves que afecten a fondos de la UE, independientemente del país	Sistema de Notificación de Fraudes (FNS) – denuncia anónima en línea o carta postal a “European Anti‑Fraud Office, 1049 Brussels” European Anti-Fraud Office
SNCA – “Canal Infofraude” (Ministerio de Hacienda, España)	Cualquier indicio de fraude, corrupción o irregularidad en proyectos financiados con fondos europeos gestionados en España (Next Gen EU, FEDER, etc.)	Formulario externo on‑line; permite denuncia identificada o anónima y está protegido por la Ley 2/2023 de protección del informante Instituto GESTIONBOE
EPPO (Fiscalía Europea)	Si crees que el desvío constituye un delito penal que daña los intereses financieros de la UE (p. ej. fraude ≥ 100 000 €) cometido a partir de 2021	Web “Report a crime” (en español disponible) de la EPPO eppo.europa.eu

1. Denunciar ante OLAF

1. Entra en el Sistema de Notificación de Fraudes (FNS).
2. Rellena el cuestionario (puedes adjuntar documentos y mantenerte anónimo).
3. Si autorizas un “buzón seguro”, OLAF podrá pedirte aclaraciones; tras una evaluación interna decidirá si abre investigación. European Anti-Fraud Office

2. Canal Infofraude‑SNCA (España)

• Gestionado por la Intervención General de la Administración del Estado.
• Acepta denuncias anónimas o identificadas y las remite, si procede, a OLAF, EPPO o al Ministerio Fiscal.
• Amparada por la Ley 2/2023 y el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI): tienes derecho a confidencialidad y a no sufrir represalias. Instituto GESTIONBOE

3. Fiscalía Europea (EPPO)

• Competente para delitos que perjudiquen los intereses financieros de la UE en los 22 Estados participantes, incluido España.
• La denuncia se presenta mediante un formulario web; EPPO puede remitir el asunto a OLAF o a las fiscalías nacionales si no entra en su ámbito. eppo.europa.eu

4. ¿A quién acudir primero?

1. Si el hecho ya es claramente delictivo (por importe o falsedad documental), puedes denunciar directamente a EPPO o simultáneamente ante EPPO y SNCA.
2. Para irregularidades administrativas (gastos no elegibles, doble financiación, etc.), suele bastar con SNCA, que reenvía a OLAF si es necesario.
3. En cualquier caso, conservar pruebas (facturas, correos, contratos) facilitará la investigación.

5. Protección del denunciante

• La Directiva 2019/1937 y la Ley 2/2023 garantizan anonimato, confidencialidad y prohibición de represalias laborales o contractuales.
• Para máxima protección, envía la denuncia desde un dispositivo privado y red segura, y marca la opción de “canal seguro” cuando el formulario lo ofrezca. BOE

En resumen:

• OLAF investiga el mal uso de dinero de la UE;
• SNCA es la puerta de entrada nacional para fondos europeos en España;
• EPPO actúa cuando ya hay indicios de delito penal.

Escoge el canal que mejor encaje con la gravedad y la naturaleza del caso; las tres vías son gratuitas, admiten documentación digital y están disponibles en castellano.

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx